Este blog pertenece a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, querellante en el juicio Unidad 9.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una organización pluralista e independiente que surge por primera vez en Capital Federal, en el año 1975. Allí, frente al terrorismo implementado por la Triple A, un importante grupo de dirigentes políticos, religiosos, gremiales y sociales se reunieron para formar una estructura social de defensa que permitiera poner algún freno a las tropelías de las fuerzas parapoliciales y paramilitares de entonces, que amenazaban, secuestraban y asesinaban con total impunidad a militantes populares. En una Asamblea reunida en la Casa de Nazareth en aquel año de 1975, aquellos hombres y mujeres  fundaron la A.P.D.H. para defender los derechos  emanados de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En aquel tiempo estaba en pleno avance el proyecto internacional de instalar en Argentina una dictadura como la que ya desde hacía algún tiempo gobernaba Chile, claro que en versión corregida y aumentada, para aplicar formalmente el terrorismo de estado.

Así comienza una tarea que reconoce dos  vertientes principales: el reclamo ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales y el asesoramiento y acompañamiento de los familiares y víctimas de la represión.

El nacimiento de la Asamblea Permanente en La Plata es posterior al golpe militar de 1976. Grupos de familiares de desaparecidos, en su mayoría, comenzaron a reunirse convocados en principio por la necesidad de saber y de compartir la poca información de que se pudiera disponer. Y en 1979 resolvieron constituirse como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata.

Durante la última dictadura cívico-militar y los años inmediatamente siguientes los esfuerzos del organismo se concentraron en obtener Verdad y Justicia para las víctimas de la represión y para todo el pueblo argentino, que de alguna manera podría también categorizarse como víctima. Así fue que se desarrolló una intensa tarea recogiendo las denuncias de secuestros, desapariciones, homicidios, torturas y otras violaciones  que fueron radicadas en la CONADEP, una vez creada.

Las denuncias públicas llevaron al conocimiento del país la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, que por su origen, cantidad y características pudieron ser encuadrados sin discusión como genocidio. (esto de sin discusión no incluye, obviamente, a quienes negaron y aún hoy niegan que la masacre haya existido, como lo hacen los pro nazis con el holocausto).

Así fue que la desintegración del régimen militar se tradujo para el pueblo en una esperanza de Justicia. Todos esperábamos el castigo para los genocidas.

Después del juicio a las juntas militares comienza a esbozarse lo que sería la política de impunidad abierta por el alfonsinismo y culminada por el menemismo: las instrucciones del Poder Ejecutivo a los fiscales abren embozadamente el camino a las posteriores leyes de Punto Final y Obediencia Debida, claudicaciones  que -contra lo que se sostenía por entonces desde esferas oficiales- no hicieron más que debilitar el incipiente régimen constitucional.

Pero el pueblo siguió reclamando Verdad y Justicia, y la APDH La Plata mantuvo y mantiene esa postura que se materializó, entre otras cosas, en reclamo de nulidad efectiva del Punto Final y la Obediencia Debida. Sancionada esa nulidad por el Congreso en agosto de 2003, la tarea de los organismos de Derechos Humanos es seguir reclamando Justicia y propiciar la reapertura de causas penales que logren el encarcelamiento de todos y cada uno de los genocidas, desde el que dio la orden hasta el que la ejecutó.

Paralelamente a estos reclamos, surgió en estos años de lucha la necesidad de un encuadre político más amplio. Desde el ’76 y continuado por los gobiernos constitucionales, junto a los crímenes y la política de impunidad, se perfiló un camino de política económica apegado a los lineamientos de los organismos financieros internacionales: surgió entonces la necesidad de denunciar no sólo los crímenes de la dictadura, sino su mismo origen, es decir, la necesidad de eliminar las bases de organización popular capaces de oponerse con mayor o menor efectividad a la profunda reestructuración productiva que Martínez de Hoz conduciría bajo la estricta supervisión del F.M.I. y del Banco Mundial.

La dependencia es -en nuestra concepción- el origen último de la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos, antes, durante y después de la dictadura militar. Las persecuciones, desapariciones y asesinatos de militantes populares en la etapa previa al ‘76 abonaron el camino para el definitivo acceso al poder de las oligarquías financieras internacionales; el exterminio masivo del ‘76 al ‘83 posibilitó, como ya dijimos, la aplicación a fondo de sus planes. Y las leyes y decretos de impunidad, junto con la permisividad para el uso de la violencia policial, cerraron el círculo que basamenta el camino de profundización de la dependencia.

En la actualidad los ejes de nuestro accionar son, por una parte, continuar denunciando esta situación global; seguir movilizando por el reclamo de Verdad y Justicia, a través del pedido de nulidad efectiva de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos presidenciales y combatir la violencia policial que en nuestra región es el instrumento de represión por excelencia de los reclamos populares.

En este momento nuestras energías se concentran principalmente en el Juicio por la Verdad que llevamos adelante ante la Cámara Federal de La Plata para establecer el destino de los desaparecidos, y en las más de 30 causas penales derivadas de esa investigación que necesitan de un constante seguimiento e impulso para lograr la Justicia que se le debe a la sociedad hace más de 25 años.

Pero también nos interesa el cumplimiento de los Derechos Económico-Sociales que hacen al bienestar de nuestro pueblo, y es por eso en la APDH La Plata funcionan comisiones de Salud y de Educación, que abarcan las problemáticas que atañen a esas áreas en nuestra región.

La APDH La Plata es un organismo de defensa de los Derechos Humanos; defensa que implica no sólo responder a la iniciativa del enemigo, sino apostar a la propia. Para esto contamos con una infraestructura mínima, con militantes en su totalidad voluntarios y el aporte mensual de un grupo de socios que abonando una cuota mínima solventan los gastos de funcionamiento.

Orientación jurídica gratuita: lunes, martes, jueves y viernes de 12 a 14 horas.

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El defensor de Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez, interrogó a Alfonsín acerca de los motivos que llevaron a su gobierno a promover la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, a lo cual el ex presidente respondió: “niego rotundamente haber sido extorsionado”. Defendió a sus jefes de Estado Mayor: “eran defensores de las instituciones de la Nación pero me hacían conocer la situación en que realmente se encontraba las fuerzas que comandaban. Esto hacía suponer claramente que era necesario producir algún tipo de acción con el propósito de aliviar las tensiones”. Además, afirmo que preveían que el efecto de la ley de punto final, al fijar una suerte de caducidad en la instancia, iba a circunscribir el efecto respecto de los imputados, que suponían serían no más de cien personas. Pero destacó que “fue una ley que no cumplió para nada con los objetivos, sino que tuvo el efecto paradójico de ampliar aún más el universo para quienes aparecían como imputados”.

Alfonsín expresó que durante su campaña había distinguido tres niveles de responsabilidad: en el primero quienes habían dado órdenes, sobre ellos querían hacer caer todo el peso de la culpabilidad; en el segundo, los que se habían excedido en el cumplimiento de esas órdenes; y por último, los que las habían cumplido, sobre quienes se había decidido no actuar. Respecto a esta cuestión, que le valiera el rechazo unánime de los organismos de derechos humanos, afirmó que “a nadie se le puede ocurrir llamar a mil militares en actividad a proceso”, porque no tenían las fuerzas necesarias. Estas fueron las razones que alegó, argumentando que el fin de las leyes era mantener el orden constitucional y pacificar el país.

Afirmó que durante su gobierno estaba condicionado por la presión de las fuerzas armadas, que se produjeron levantamientos militares y que lo que intentó fue salvar a la república, saltando muchos obstáculos para lograrlo. También aseguró que el hecho de que hubiera movimientos quería decir que existía por esa época un peligro muy cierto en la Argentina y que seguramente las personas que tengan treinta años podrán no advertirlo y negar la historia. Sobre el final, reconvenido por los querellantes, aclaró que no se refería a los hijos de desaparecidos, que tienen esa edad.

Sostuvo también que esas leyes “fortalecieron a las instituciones”, pero que fueron dictadas en una situación especial de transición a la democracia, con el propósito de afirmar y asegurar la misma y que pasado el tiempo la justicia estableció la nulidad, lo que permite que sean juzgados casos que habían quedado irresueltos. “Uno se alegra que algunas personas que habían quedado impunes por efecto de la ley sean llevadas a juicio”.

Defendió también las excepciones que la ley de obediencia debida contemplaba, recordando que para la época de los indultos menemistas había más de cuarenta procesados por su capacidad decisoria.

El presidente del Tribunal Oral, Dr. Carlos Rozansky le preguntó acerca de su actividad como abogado durante la dictadura. El testigo mencionó que por entonces era Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Comentó al respecto que trabajaban en el tema, recibían denuncias y firmaban habeas corpus. También recordó que patrocinó algunos casos en particular.

Con respecto a los habeas corpus presentados, la mayoría resultaban negativos. Durante ese período se presentaron muchos casos de personas desaparecidas y después de un tiempo de trabajo, ya durante su presidencia, la CONADEP sólo pudo registrar nueve mil casos.

Declaro también que durante su gestión se logró condenar al general Camps, Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también al Jefe de Investigaciones Etchecolatz, sentenciado a 23 años de prisión.

Al finalizar la audiencia Alfonsín arremetió contra el presidente Kircher, de quien dijo que está llevando una campaña, que “pareciera que quiere reinventar la historia, porque habla como sino hubiera pasado nada. Cuando pide disculpas porque en veinte años de democracia no se hizo nada, evidentemente se olvida del juicio a las juntas militares”.

Al finalizar la jornada el público se retiro de la sala y abucheó al ex presidente enrostrándole la impunidad brindada a los asesinos de la dictadura.

Mañana, jueves 31 de agosto, se llevará a cabo una nueva inspección ocular en la Brigada de Investigaciones de Quilmes.

Antonia Irina Aguirre trabajó desde el 1° de Julio de 1969 a marzo del año 1976 en la Direccion de Logistica de la Policía Provincial. Allí también Gustavo trabajaba en la parte de tesoreria.

El 8 de Septiembre de 1976 no vio a su hijo en el trabajo.Al llegar a su hogar a las 21 hs. su esposo Jorge Hector Garcia le informa que su hijo había sido secuestrado por efectivos policiales, quienes revisaron las inmediaciones del lugar llevándose luego a Gustavo.
Fue así que la señora Aguirre se dirijio hacia la jefatura para que le brindaran datos de dónde se encontraba, pero no fue atendida. Al día siguiente habló con el Subdirector de Logistica, Walter Stefanini, quien le manifestó que a su hijo se lo habia llevado el ejército. Pidió entonces una entrevista con el Director General de Investigaciones, Miguel Etchecolatz, a quien tuvo la ocurrencia de decirle: “Tengo entendido que mi hijo esta en el Gran Buenos Aires y que pasó a manos del poder ejecutivo.Tengo derecho a verlo”. Etchecolatz le dijo que se dirijiera a la Secretaría de Investigaciones y que hable con un comisario cuyo nombre la testigo no recuerda.

El funcionario policial se fijo en unas planillas y le informo que Gustavo se encontraba en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Dirigiéndose hasta allí hablo con el comisario Belich, jefe de la dependencia, quien negó conocerla a pesar de haberla visto con frecuencia en la Dirección de Logística. .Le dijo: “Me manda el señor Etchecolatz que dijo que mi hijo está acá”. Belich le confirmó que Gustavo estaba alli, pero le requirió un memo para dejarla entrar. Volvió a la Jefatura donde Etchecolatz no la atendió. En la Direccion de Seguridad, luego de seis horas de espera, la atendió el Director Gené junto con su secretaria. Fue Gené quien ordenó confeccionar el memorándo con el cuál podría ver a su hijo una vez por semana en la Brigada de Investigaciones de Quilmes.

Fue así como el 6 de Diciembre de 1976 luego de 98 dias, se encuentran por primera vez. Al ingresar al lugar fue llevada por un pasillo y distingue en el fondo de la casa una escalera tipo caracol que comunicaba con otra vivienda. La hacen pasar a un salon grande con mesas y sillas, en el que habia tres personas con las manos hacia atras. La hacen esperar alli, cuando ella escucho el sonido de pies arrástrandose y luego vio a Gustavo entrar. Su voz se quebró en el relato. Se abrazaron y Gustavo repetia: “Mamita querida, te juro por Dios que no hice nada, te lo juro, te lo juro, sacame de aca”. Se sentaron y comenzaron a dialogar. Gustavo contó entonces que recibían alli malos tratos, que estaban la mayor parte del tiempo maniatados y sus ojos vendados. El rostro de Gustavo estaba hinchado y muy pálido .Su madre observó que le faltavan piezas dentarias. “Era una ignorante total del momento que se vivía”, ya que con actitud ingenua preguntó si eran alimentados los chicos alli,a lo que se le respondió afirmativamente.

Entre el 29 y 30 de Septiembre a Jorge Héctor García, marido de Antonia, lo obligan a firmar la renuncia a su trabajo en la Jefatura de Policía y comentan que es por orden de Camps y que debe presentar toda la documentación. Al día siguiente lo van a buscar al trabajo en un jeep color verde y le piden que lleve la documentacion.Jorge va a buscar su DNI a su casa custodiado por el jeep, luego se dirijen a 1 y 59 donde lo atiende el comisario Rodríguez y le informa que tiene que firmar la renuncia o hacer un descargo, porque “el hijo de su mujer estuvo hablando mal de él”. Este accede a firmar la renuncia aclarando que Gustavo es un chico de bien y no tiene nada que decir en su contra.

Entre el 29 y 30 de Diciembre el Comisario General Salinas le informa a Sandra, hermana de Gustavo, que trabajaba en la Caja de Jubilaciones de Policía que también debe presentar su renuncia debido a la vinculacion familiar de su hermano.Esta reclama explicaciones y el comisario le responde: “No se ponga en rebeldia porque si no se tiene que atener a las consecuencias”.

El 23 de Diciembre del corriente año Antonia vuelve a visitar a Gustavo en Quilmes y cuando ingresa le dicen: “Acá no está. Acá nunca estuvo”. Jorge se encontraba en la puerta y un guardia le dijo que lo habian trasladado a la Comisaría Tercera de Lanús, en Valentin Alsina.

Antonia se dirige al lugar y la dejan ver a su hijo: “Cuando lo vi a Gustavo ya era otro, estaba bien, mejor”. Luego de ese encuentro se mantenian en contacto a través de cartas que eran leidas previamente a su entrega.

En visperas de reyes Antonia es internada durante un mes por una meningitis bacterial. Cuando le otorgan el alta se entera de que lo habian trasladado a la Unidad N°9. Allí podia visitarlo una vez a la semana. La testigo relató al tribunal lo humillante de las requisas a que se las sometía para dichas visitas. También contó que todas las semanas debia depositar dinero para que a Gustavo no le faltara nada.

El 11 de Marzo de 1977 la señora Aguirre también quedó prescindible de su trabajo.

Durante la busqueda de libertad de su hijo se entrevisto con el coronel Crespo y con diferentes oficiales y coroneles que le realizaban requerimientos sexuales a cambio de la libertad de Gustavo.Uno de ellos, el sargento ayudante Ruiz, de la oficina de Suárez Mason, le pidió lo que por aquel entonces eran 1.500 pesos.

A finales de 1977 empezó a pedir la opcion de salida del pais hacia Italia, la cual es denegada. El 25 de junio de 1979 logró obtener la libertad de Gustavo. El 30 de Enero de 1980 se exilió en Francia.

La proxima audiencia se llevara a cabo el proximo miercoles a las 10 hs con la declaración del único testigo por la defensa, Raúl Alfonsín. Tanto Italo Lúder como la señora de Perón, quiene enviara un fax explicando su imposibilidad de viajar por razones de salud, fueron desistidos por el defensor Bofi Carri Pérez.

Mario Horacio Torres, ofrecido como testigo por esta querella en el marco de la causa de Elena Arce y Nora Formiga, enfermeras desaparecidas, era coronel del ejército. Fue agregado militar de la embajada argentina en Perú entre 1976 y 1977 y asumió en febrero de 1978 la Jefatura de Operaciones del Quinto Cuerpo de ejército con sede en Bahía Blanca.

En su declaración Torres expresó que durante los hechos materia de este juicio se encontraba en Perú y a su regreso, un coronel le dio una carta para que se vinculara con la familia Arce, a fin de que tenga un punto de referencia en la ciudad. No llegó a entregarla, pero se entrevistó con Alfredo Arce Garzón en dos oportunidades. En la primera de ellas Arce le pidió que tratara de conseguir información sobre su hija Elena, desaparecida. Así fue que el testigo se comunicó con el coronel Roberto Roualdes, del Primer Cuerpo de Ejército, quien le informó que no registraban a Elena Arce como detenida ni como baja en combate.

En la segunda entrevista transmitió esta información.

El coronel incurrió en una notoria contradicción, ya que vinculó las actividades de ayuda que Arce desempeñaba con una eventual desaparición. Por otra parte, negó que haya habido desapariciones masivas producidas por el ejército.

Finalizada esta declaración se entro en receso hasta el día lunes 28 de Agosto a las 9.30 hs. Se espera para ese día el testimonio de la señora de Calotti y de las hijas de Margarita Delgado. A continuación se realizará la inspección ocular en la Comisaría 3º de Lanús.

Hoy declaró por primera vez ante la justicia Teresa Calderoni, una de las personas que fue secuestrada junto a Elena Arce y Nora Formiga en el departamento de esta última, el 22 de noviembre de 1977.

La testigo vivía en con Nora, ya que la casa de sus padres estaba en Villa Elisa y le resultaba dificultoso trasladarse a diario. En el departamento también se hallaba desde hacía unos días una joven embarazada cuyo nombre no pudo recordar, quien decía que su esposo trabajaba en el sur; sin embargo es posible que estuviera desaparecido. También estaba allí una compañera de estudios de enfermería en la Cruz Roja.

En el momento del operativo la mujer embarazada ingirió una píldora de cianuro y los represores le indujeron el vómito. Más adelante, la testigo supo por Formiga que había estado en “La Cacha” y que había tenido a su bebé, ignorando su destino posterior.

Calderoni fue introducida en el baúl de un auto junto a Nora y a su compañera de estudios, posiblemente Margarita Sanguinetti, quien fue liberada inmediatamente y avisó en la Cruz Roja que las demás estaban detenidas.

Esposadas y encapuchadas, llegaron a “La Cacha” luego de dar muchas vueltas en el automóvil. Teresa fue separada de sus amigas durante una semana, permaneciendo sola en una celda oscura, con barrotes. Por la noche escuchaba el ladrido de los perros y los gritos de los torturados.

Luego de esa semana fue llevada a la parte de arriba, donde vio a Nora y Elena, que habían sido muy torturadas. La testigo relató también haber sido maltratada, golpeada y recibir descargas eléctricas en el pecho, pero afirmó que sus tormentos no habían tenido la intensidad de los sufridos por sus compañeras.

En ese centro clandestino, como ya fuera relatado por otros sobrevivientes, los guardias se llamaban por apodos. Calderoni recordó los de “Palito” y el “Negro”. En el lugar la apodaron “la Tana” y así la llamaban los represores.

Alrededor de un mes permaneció en “La Cacha” hasta que la liberaron en el Camino General Belgrano. Cuando llegó a su casa le dijo a su familia: ”No puedo hablar porque me persiguen, me van a matar. No puedo hablar, sólo quiero descansar”. Cuando se recuperó de las terribles circunstancias vividas y concluyó su carrera de enfermería, comenzó a trabajar en el Hospital Naval. Allí un suboficial siempre la abordaba y le decía: “-Hola, cómo te va?, yo te conozco”. Calderoni no le respondía, hasta que un día el suboficial le dijo “-vos sos la Tana; yo a vos te quería mucho pero tus amigas están muertas, nosotros las matamos”. “Yo casi me desmayo, porque era el único lugar en que me decían así. Al día siguiente renuncié”, relató la testigo.

Finalmente, preguntada acerca de la actitud que la Cruz Roja había adoptado en el caso, dijo que el organismo “no se hizo cargo de nada, no se hablaba de nada, les daba vergüenza”.

Les dijeron que las liberaban, pero después se supo que las habían matado.

Patricia Pérez Catán fue secuestrada en Mar del Plata el 31 de enero de 1977 junto a su hermano Jorge y ambos interrogados y torturados en el G.A.D.A. (Grupo de Artillería de Defensa Aérea).

Es trasladada a “La Cacha “ a mediados de febrero de ese año. Al llegar la cuelgan de los pies y de las muñecas y la dejan toda la noche. Al día siguiente la desatan y la llevan a otro centro, que supone ubicado en 1 y 60 y al que describe como “más organizado”, “había muchos detenidos en calabozos”.

Pérez Catán recordó los apodos de “El Francés” y de los “Carlitos”, que eran de la marina. Entre los detenidos secuestrados en “La Cacha” mencionó a Patricia Rolli y su padre, Roberto Amerise, Diesler, María Rosa Tolosa y su compañero Juan Reggiardo. Como la testigo era estudiante de medicina, los guardias la ubicaron con María Rosa Tolosa (“Machocha”), que estaba en trabajo de parto. Tomó el tiempo de sus contracciones y avisó que eran muy seguidas. Se llevaron a la mujer y no supo más de ella, excepto que un guardia comentó que había tenido mellizos.

Además fue sometida a un careo con otros estudiantes de medicina, como “el Mono” Moncalvillo, “Mariel” y “Pecos”.

Posteriormente fue trasladada a la Comisaría Octava. Durante su cautiverio allí llegaron Nora Formiga y Elena Arce, quienes le contaron que habían estado en “La Cacha”, donde vieron a su hermano Jorge. También hablaron sobre Adriana Tasca, quien permanecía en aquel centro clandestino con un embarazo avanzado. Formiga y Arce estuvieron ocho o diez días en el lugar, siempre en el mismo calabozo y no recuerda que hubieran tenido visitas ni que las hubieran sacado de allí para nada.

Una noche vinieron a decirles que las llevaban a ambas porque serían liberadas. Después los comentarios de los guardias eran “que se las habían llevado muy mal, que no era para liberarlas”. Así supieron que las habían matado. Por esa razón fue que cuando llegó el momento de su propia libertad, Pérez Catán pidió llamar a su familia para que fueran a recogerla en la mañana siguiente.

La testigo fue sometida a consejo de guerra y luego puesta a disposición de la justicia federal platense. El juez Adamo le tomó declaración en la comisaría octava y escuchó todo su relato acerca del secuestro, cautiverio y torturas sufridas, pero nunca fue citada a declarar por eso. “Mi padre era abogado, presentó muchos habeas corpus, pero nunca tuvo respuesta de nada”.

“Elena debe estar en el cielo y lo mejor que puede hacer es rezar por ella”.

Claudia Arce de Lanusse relató las investigaciones que realizó su padre (hoy fallecido) a partir de que tuvo noticias por Ricardo Castro de la desaparición de Elena. Arce golpeó innumerables puertas sin conseguir información alguna.

En abril o mayo de 1978 le llegó un comentario acerca de que habría estado en la Comisaría Octava Concurrió allí y se entrevistó con el Comisario Inchausti, quien le mostró el libro en el que Elena figuraba como ingresada el 10 de enero y en libertad el 20 del mismo mes.

Se entrevistó también con un coronel cuyo nombre la testigo no recordó, quien le dijo que se olvide de buscarla, que Elena debía estar en el cielo y lo mejor que podía hacer era rezar por ella.

Recién en 1999, reemprendida la búsqueda, se inició el camino que permitió, a través del juicio por la verdad, identificar sus restos.

Una testigo vio cuando Nora y Elena llegaron a “La Cacha”.

Bonifacia del Carmen Díaz fue secuestrada en Berazategui y trasladada a “La Cacha” el 4 de noviembre de 1977.

Durante el turno de una de las guardias que, según la testigo, “jugaban de buenos”, les permitían descubrirse los ojos y conversar, se cruzó con Nora Formiga en el baño y ésta le contó que era enfermera.

Ella la había visto llegar al centro clandestino. No obstante que tenían prohibido asomarse cuando traían prisioneros, su extrema delgadez le permitía zafar las manos de las esposas y por un orificio en el tabique de su celda, pudo ver a Nora y a Elena, que llegaban con otra joven llamada Julia.

Mencionó también a un matrimonio a quienes conoció como María del Carmen y Simón, así como a la “abuela” (Mercedes Hourquebie de Francese) a quien escuchaba gritar en la tortura.

En cuanto a los represores, mencionó a “Potro”, “Garrote”, el “Loco” y el “Oso”.

Declararon hoy tres testigos por el caso de las enfermeras desaparecidas y a continuación el Tribunal Oral realizó una inspección ocular en la Comisaría Quinta de La Plata.

Nidia Esther y María Ruth Formiga declararon hoy ante el Tribunal Oral Federal N° 1 por la desaparición de su hermana Nora, quien fuera secuestrada el 22 de noviembre de 1977 de su departamento ubicado en calle 54 N° 1271, junto a Elena Arce (desaparecida), Teresa Caldarini (liberada) y una joven embarazada cuyo nombre se desconoce.

Elena y Nora eran amigas y compañeras de trabajo como docentes en la carrera de enfermería, tanto en La Plata como en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Ese 22 de noviembre Elena llegó desde Capital Federal junto con su novio a casa de Elena, para ir juntas a dar clase. Vieron un operativo y el novio de Elena le advirtió que no entrara. La joven ignoró la advertencia y entró a la casa y las cuatro fueron llevadas en el baúl de dos autos: un Dodge 1500 color naranja y un Renault 12 color azul.

Los familiares de Nora, que vivían en Bahía Blanca fueron avisados del hecho por el padre de Elena Arce, quien viajó inmediatamente a La Plata.

El 25 de noviembre arribó al lugar un camión del Regimiento de Infantería N° 7, que retiró todas las pertenencias de las jóvenes del departamento y le dejó al propietario del inmueble un recibo en el que constaban sólo algunas cosas. Según manifestó la testigo, “además de hacerlas desaparecer quisieron borrar su existencia, que no quedara ningún rastro”.

La madre de Nora emprendió una búsqueda en la cual golpeó todas las puertas, sin recibir información. Recién en agosto de 1978 recibió una carta suscripta por el Secretario Privado del Gobernador, Francisco J. García, en la que les comunicaba que según información suministrada por la Policía provincial, Arce y Formiga habían estado detenidas en la Comisaría Octava de La Plata y habían sido puestas en libertad.

Esa fue la última noticia que recibieron hasta que en el año 2000 el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco del Juicio por la Verdad, identificó los restos de Nora Formiga y Elena Arce, junto a los de una tercera mujer: Margarita Delgado.

María Ruth Formiga agregó que en la casa de Nora se encontraba desde hacía un par de días una joven embarazada, que habría sido secuestrada en el mismo operativo y cuya identidad se desconoce hasta el momento.

También declaró hoy Ana María Tasca, hermana de la desaparecida Adriana Tasca, quien fuera secuestrada en diciembre de 1977, cuando estaba embarazada de cinco meses, junto a su compañero Gaspar Onofre Casado.

Tasca manifestó que su familia conoció mucha información a través del Juicio por la Verdad. Fueron Nora Formiga y Elena Arce quienes transmitieron a otras detenidas en la Comisaría Octava que habían estado en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, junto a Adriana y ésta les había pedido que hicieran llegar a su familia el mensaje de que buscaran a su bebé.

Aquel bebé, Sebastián Casado Tasca es hoy el 82° nieto recuperado. “Hoy, por primera vez, pude agradecerle a la familia Formiga lo que ellas hicieron”.

La testigo se enteró por las ex detenidas Patricia Rolli y Patricia Pérez Catán que Arce y Formiga estuvieron por pocos días en la Comisaría Octava y luego fueron trasladadas, comentándose en aquel momento que fueron asesinadas.

Finalizadas las declaraciones testimoniales, los miembros del Tribunal, la Fiscalía y las partes querellantes se constituyeron en sede de la Comisaría Quinta, junto a los testigos Julio Jorge López y Adriana Calvo. Recorrieron las instalaciones y López pudo reconocer el lugar en el que fue interrogado bajo tortura, junto a Guillermo Cano, Casagrande y el soldado Aleksosky, por el Comisario Vides y Trotta. Señaló que en el pasillo de acceso a la habitación donde se torturaba se ubicaban Camps y Etchecolatz e indicaban las preguntas que se debían hacer.

López mostró la marca que conserva en su oreja, que era donde le conectaban una pinza para pasar electricidad por su cuerpo. Etchecolatz decía entonces: “conectale directo de la calle, vamos a matarlo a este viejo de m…”.

Adriana Calvo, por su parte, accedió a la zona de calabozos que se encuentra clausurada, ya que allí se produjo la muerte de cuatro detenidos en un incendio en enero de 2000. El sector, que no ha sido tocado, fue calificado por los asistentes como “tenebroso”, ya que allí no ingresa la luz del día y no había electricidad luego del incendio. El reconocimiento se realizó con el auxilio de la luz de una cámara de filmación.

Calvo reconoció el lugar donde estuvo secuestrada y también señaló el calabozo donde Inés Ortega de Fossatti hizo su trabajo de parto. En otro sector, pudo acceder también al recinto en el que estuvo detenido su entonces esposo, Miguel Laborde, con quien hablaba cuando la llevaban a un baño contiguo. En dicho recinto, que hoy es un archivo, el Tribunal halló el Libro de Detenidos de la época, así como el de contraventores, y procedió al secuestro de ambos.

En la decimocuarta deliberación del juicio que se le sigue al ex comisario Etchecolatz, prestó declaración Atilio Gustavo Calotti, mientras que los demás testigos, en algunos casos no fueron notificados y en otros desistidos por las partes querellantes.

En el día de la fecha el único en declarar fue Atilio Gustavo Calotti privado ilegítimamente de la libertad el 8 de septiembre del año 1976, a las 18 horas aproximadamente en la oficina de tesorería, donde trabajaba en la parte de correo de la Jefatura de Policía. La persona que lo detuvo fue el ex comisario, Luis Vides, conocido también con el apodo de “el lobo”, fallecido hace unos años. En medio de un dialogo violento, comenzaron a amenazarlo alegando que sabían cosas sobre él y que conocían sus contactos; durante estos actos se encontraba presente su jefe, el comisario Ordinas, tesorero por ese entonces y también sus compañeros de trabajo. Vides le decía que era un “terrorista”, un “subversivo” y que por eso lo iba a “masticar” todo. Posteriormente se convoca a la guardia de Jefatura y lo trasladan a la Dirección de Investigaciones que se encontraba en la otra ala de la institución, cuyo titular era el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Las audiencias se reanudarán el jueves 10 de Agosto.

Alejo Ramos Padilla, abogado querellante en la causa que se le sigue al ex comisario Etchecolatz, aportó en secretaría el anónimo intimidante encontrado en la puerta de la casa de la calle 30 entre 55 y 56 el pasado sábado 15 junto a la señora María Isabel Chorobik de Mariani y unos periodistas de la televisión suiza cuando iban a realizar un reportaje. La jornada continúo con las declaraciones de los testigos Eduardo Alfredo Ves Lozada, Carlos Alberto Cianco, Néstor Pedro de Tomas y Alejandro Inschaurregui.

El primer testigo en declarar fue Eduardo Alfredo Ves Losada, de 86 años de edad, presentado por la fiscalía del Dr. Carlos Dulau Dumm y la querella de las abogadas Bregman y Godoy. Mario Teruggi -padre de Diana- en 1976 le manifestó a Ves Losada, amigo por entonces, la necesidad de averiguar el paradero de su nieta, Clara Anahi Mariani, de quien no se tenía información alguna desde la tarde del 24 de noviembre en que fuerzas policiales y militares conjuntamente atacaron la casa de la calle 30 N° 1134 perteneciente al matrimonio Teruggi-Mariani.

Eduardo Alfredo Ves Losada, decano interino de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata en el periodo comprendido por los años 76-78 aproximadamente, fue nombrado en su función por las autoridades militares;. Lozada delego el tratamiento del hecho a su secretario Eduardo Pena, quien en pocos días informaría que la niña había resultado muerta la tarde del ataque; Ves Losada afirmó que nunca supo la fuente y las circunstancias por las que su secretario consiguió esa información. Ejerció cargo público hasta el año ´80 en que se jubiló.

En la declaración, el ex decano negó que durante su gestión se hayan producidos hechos violentos o desapariciones de estudiantes en su facultad, asi mismo se desvinculó de toda relación posible con el gobierno militar.

Reconoció haber dejado cesante al actual miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Negri, por haber formado parte de una comisión que descabezó (sic) a los profesores de la U.B.A.

El segundo en declarar fue el testigo aportado por la querella del abogado Alejo Ramos Padilla, el señor Carlos Alberto Cianco, quien hasta mediados de la década del 70 se desempeño como policía con grado de comisario mayor en la Dirección de Sumarios. Unos 20 días de la notificación de su retiro de oficio, fue llamado por el Jefe de Policía, coronel Camps, quien le manifestó que debía presentarse ante el Intendente de la Plata puesto que era solicitado para un servicio y que tenía que cumplir sus ordenes porque sino le quitaría la jubilación.

Cuando se presenta ante el intendente Maccellari, éste le manifiesta que lo necesitaban para ofrecerle la dirección del cementerio de la Plata, puesto que últimamente se estaban registrando muchos robos de cobre y metales de las tumbas. Asumió ese cargo sin experiencia ni capacitación previa por el lapso cuatro años hasta que por la implementación de una ley que le disminuía a un 30% su jubilación, decidió abandonar su cargo de director; hasta ese entonces cobraba los dos sueldos. En su testimonio alegó que se había dispuesto un lugar especial para los NN (sin identificación), pero que no recordaba exactamente la ubicación del lugar ni la cantidad de cuerpos que fueron inhumados allí.

Néstor Pedro de Tomas fue el tercero en prestar declaración; De Tomas fue trasladado en el año en el año 1976 del cuerpo medico de Florencio Varela a la Dirección de Sanidad policial de la Plata donde cumplía tareas como médico legal y asistencial. É,l junto a otros profesionales de la rama eran los encargados de autorizar y realizar las autopsias correspondientes a cada hecho donde había resultado una persona muerta. En esos años las pericias se realizaban a personas donde las causas de su muerte no eran claras, por ejemplo si un cadáver tenía un orificio de bala de entrada y salida no se le practicaba; los procedimientos periciales se realizaban en la Morgue que se encontraba dentro del departamento central de policía.

Le llamaba la atención la cantidad de muertes por destrucción de masa encefálica producidas por balas de plomo. Los certificados de defunción eran constatados y firmados por los médicos. El testigo también los firmaba. Cuando iba a recoger los cadáveres, además de la policía, siempre había gente vestida de civil portando armas, que se identificaban por sobrenombres. Si bien firmo algún acta de defunción de el hecho de la casa de la calle 30, no estuvo presente ni realizó pericias.

De Tomas había sido imputado en 1999 por la desaparición de 23 libros de reconocimiento médico legal que recibió del juzgado penal del Dr. Antonio Borrás en 1986. Posteriormente fue sobreseído por prescripción por decisión del juez federal Manuel Humberto Blanco.

El cuarto testigo que presto declaración fue el licenciado Alejandro Inchaurregui, uno de los fundadores Equipo Argentino de Antropología Forense; explicó los métodos y los procedimientos con los que trabaja la organización. En la actualidad Incháurregui es Director del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Además afirmó que el procedimiento burocrático que un cadáver recorría en los años de la dictadura desde su muerte hasta su entierro, es el mismo que sucede en la actualidad; pero en los años de la dictadura el procedimiento cambiaba en el momento en el que llegaba la hora de la inhumación, allí se procedía de modo de imposibilitar la identificación; éste era uno de los métodos mas discretos para perfeccionar la desaparición de centenares de cuerpos.

El primer testimonio fue el de Venditti, que antes de dar comienzo a su declaración examinó unas fotos de la familia Mariani y fue preguntado acerca de si tuvo alguna relación con ellos, a la cual respondió afirmativamente. Venditti conoció a Daniel Mariani en el año ’55 en la escuela a la que concurrían. Mantuvieron una relación de amistad hasta que ambos egresaron ya que siguieron carreras diferentes. La última vez que se vieron fue el 19 de noviembre del ’76 cerca de la casa de la calle 30 entre 55 y 56.

Luego de los hechos ocurridos en este domicilio el 24 de noviembre del mismo año, Venditti creía muerto a Daniel pero, por intermedio de los vecinos, se enteró que éste seguía vivo y que su domicilio había sido saqueado y baleado por agentes de la policía y de la marina. En esta declaración también comentó que una vecina, apodada “la gallega”, una persona de edad avanzada que residía enfrente de la casa de la familia Mariani, había visto como se llevaban a Clara Anahí con vida.

En su testimonio también declaró que por aparecer en una foto con Mariani, él y otros compañeros empezaron a ser perseguidos, e incluso uno de ellos, que era policía, fue separado de la fuerza. La última vez que ingresó al domicilio de calle 30 fue en un aniversario del nacimiento de Clara Anahí.

El segundo testimonio fue el de Juan Carlos Piedra que trabajaba en los años 1976 y 1977 en sanidad policial, más precisamente en la zona de la morgue. Su trabajo excedía esta labor, ya que era también camillero. Esta tarea consistía en el traslado de cuerpos hacía la morgue provenientes de lo que él llamaba “hechos de sangre”. En un informe del 13 de junio de 1984, presentado en esta causa, se indica a Piedra por haber trasladado a la morgue el cuerpo carbonizado de Diana Esmeralda Teruggi, hecho que él no recuerda.

Durante la declaración se leyó un prontuario de cadáver N.N. en la cual el cuerpo de Diana E. Teruggi aparece como NN sexo femenino, bajo el N° 452, el cual permaneció en la morgue hasta el 30 de noviembre de 1976. La veracidad de esta acta no se puede comprobar, ya que los libros de la morgue se encuentran desaparecidos pero según afirmó Piedra, estos libros existían ya que ellos llevaban el registro. Quedó incorporada a la causa la declaración que Piedra prestó en el juicio de la verdad (9 de junio de 1999).

Durante el 24 de noviembre de 1976, Piedra se encontraba en el cementerio y recibió un llamado indicándole que vaya al domicilio de calle 30 entre 55 y 56 a realizar su tarea. Al llegar se vio rodeado de una gran balacera, por lo cual le indicaron que aguardara en la esquina hasta que el enfrentamiento finalice, “Nosotros no sabíamos por qué nos llamaban, no estábamos expuestos a esos hechos, yo decía, ‘para que íbamos ir’, no era mi responsabilidad, no estábamos capacitados”, declaró Piedra con respecto a su presencia en esta domicilio. Después que terminó el ataque entró a la casa a hacer el trabajo encomendado. “Había escombro, mucho humo y había un patio, y en ese lugar estaban los cuerpos”, es lo que recuerda Piedra de ese hecho.

Con respecto al reconocimiento y cantidad de cuerpos hallados en el patio, el testigo no puede precisar alguna respuesta ya que no recuerda la situación. Solo afirma que eran cadáveres grandes, sin hacer alusión a Clara Anahí Mariani, y que solo trasladó uno de ellos.

Cuando llamaron a Piedra a buscar los cuerpos, el enfrentamiento seguía por lo que se puede deducir que la policía fue hasta allí con intenciones de matar y no de llevar detenidos a los ocupantes de la vivienda.

Para la siguiente audiencia, lunes 17 de julio, fueron citados a declarar por la querella Mabel Susana Suarez, Nestor Pablo de Tomas, Guillermo Gallo, Alfredo Eduardo Ves Lozada, Alejandro Incháurregui. En tanto que fue desistido Cesar Miguel San Sebastián.